SE TEME UNA NUEVA AGRESIÓN ARMADA EN TEPETITLÁN POR UNA MINA

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• Demandó al gobierno local y federal garantizar el respeto irrestricto de los habitantes de esa región mexiquense

• Ejidatarios de la zona advirtieron de la presencia de grupos armados en la región

• El Tribunal Agrario ordenó parar los trabajos de extracción de material pétreo

 

SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES, Méx. 24 de julio 2017.- El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL) hizo un llamado al gobierno del Estado de México para sean respetados las garantías de los habitantes de las comunidades de Santiago Tepetitlán, luego de que un grupo de personas armadas agredieran con armas de fuego a los pobladores de dicha localidad.

Los hechos se enmarcan en una serie de acciones perpetradas por grupos armados para intimidar a los pobladores para continuar extrayendo material de construcción, el cual se utiliza para la edificar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pese a que existe una orden judicial de frenar la extracción del material de construcción. En el enfrentamiento hubo personas que perdieron la vida y otras más lesionadas.

 

El coordinador de dicha organización no gubernamental, José Antonio Lara Duque, pidió al titular de la Fiscalía General de Justicia mexiquense, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, llevar a cabo una investigación transparente, expedita y conforme a los estándares internacionales, para esclarecer los acontecimientos ocurridos el pasado viernes 21 del presente mes.

“Si bien es cierto que no se debe permitir la comisión de algún delito, tampoco debe permitirse que se violen los derechos de toda una comunidad”, aseguró.

 

Asimismo, el CDHZL alertó que existen temores fundados de utilizar esta “investigación” por parte de las autoridades y de los empresarios del consorcio “ERMHER CONSTRUCCIONES S.A de C.V”, de iniciar diversas acciones de agresión, hostigamiento e intimidación contra los pobladores de esta región de la entidad mexiquense”. Estos hechos no debe ser pretexto para iniciar una ola de represión y ataque a los pueblos originales, apuntó Lara Dura.

 

De acuerdo con la versión de los pobladores, el pasado 26 de junio, el comisario del núcleo ejidal denominado “Santiago Tepetitlan”, realizó un contrato de aprovechamiento sobre tierras de uso común con la sociedad mercantil denominada “ERMHER CONSTRUCCIONES”S.A de C.V.

 

Esta  consorcio inició los trabajos de extracción de materiales pétreos en esta zona y ante el incumplimiento del contrato por parte de los empresarios, los ejidatarios  presentaron una demanda el 30  de mayo de 2017 en contra de la empresa, la cual fue admitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 23 que giró una medida precautoria para que  fueran suspendidos los todos los trabajos que realizaba la empresa “ERMHER CONSTRUCCIONES” S.A. de C.V, en tanto se solucionará la controversia judicial.

 

Sin embargo, en una acción totalmente fuera de la legalidad y abierto desafío a las autoridades judiciales, la empresa mencionada continuó con los trabajos de explotación de la mina por lo que los ejidatarios intentaron dialogar con los representantes de la empresa sin tener respuesta favorable de la misma.

 

Este conflicto derivó en el cierre de los caminos ejidales, situación que detonó con la presencia de grupos armados quienes agredían continuamente a los habitantes de la región. Estos sujetos viajaban en vehículos y algunos de los cuales portaban armas de fuego cortas y largas.

 

Pese a que las autoridades del gobierno mexiquense tenía conocimiento de la presencia de este grupo armado, la violencia detonó el pasado viernes 21 de julio cuando algunas personas de este grupo se identificaron –con gafetes— como “ministeriales” accionaron sus armas de fuego contra varias personas que se encontraban resguardando los linderos de la zona.

 

Varios pobladores fueron detenidos por sujetos que se identificaron como “Policías de Investigación”, provocando un enfrentamiento. De esta agresión resultaron varias personas lesionadas, además de que las familias de dichos ejidatarios han sido amenazados de muerte y privar de la libertad a sus familias.

 

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Disponible para entrevistas

Antonio Lara Duque, coordinador del CDHZL

55.1706.9528

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