OPINIÓN: ATENCO, TLATLAYA Y AYOTZINAPA

Por Raúl Río Valle

Según el New York Times, la Corte Interamericana de Derechos Humanos revive el caso Atenco en el peor momento para Peña Nieto.

El caso Atenco tuvo lugar cuando Enrique Peña Nieto era Gobernador del Estado de México. Durante las protestas en San Salvador Atenco que cobraron notoriedad internacional por la brutalidad con la que fueron reprimidas, murieron dos personas y hubo más de 200 detenidas, 198 de las cuales tenían algún tipo de lesiones.

Judicialmente el caso fue llevado hasta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ratificó en 2009 el uso excesivo de la fuerza, pero al mismo tiempo la Suprema Corte exoneró a Peña Nieto de cualquier responsabilidad. Particularmente 11 mujeres que fueron víctimas de violación, al sentir que fueron desamparados por el órgano de justicia nacional, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La cual determinó que la detención de las 11 mujeres en el operativo represivo realizado en San Salvador Atenco fue ilegal, arbitraria y sin ser informadas sobre las razones de su detención, ni sobre los cargos respectivos.

Además, las mujeres rindieron su primera declaración sin un abogado ni información sobre lo sucedido.

La CIDH acreditó la existencia de graves actos de violencia física sexual y psicológica, y la violación de siete de las mujeres por parte de agentes estatales. La CIDH emitió recomendaciones al Estado mexicano, pero éste incumplió con su obligación de investigar y sancionar los hechos.

Se pidió también castigar a los funcionarios estatales que imposibilitaron el acceso a la justicia de las mujeres a través de acciones u omisiones. Y el gobierno de Enrique Peña también fue omiso en las recomendaciones de la Comisión pues no hizo nada para realizar su cumplimiento.

Por ello, el pasado 17 de septiembre, la Comisión sometió el caso a la jurisdicción de la Corte para analizarlo y dictaminarlo.

En su informe sobre el caso Atenco, la CIDH señaló que el Estado debía reparar el daño a las víctimas, tanto en el aspecto material, moral y brindar tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico.

Han pasado 10 años desde lo ocurrido sin que haya un esclarecimiento judicial de las violaciones ocurridas en perjuicio de las 11 mujeres ni se ha emitido sentencia alguna en los procesos penales. Nadie ha sido sancionado ni castigado.

Ahora el caso Atenco y la participación del entonces gobernador Enrique Peña ha pasado de la Comisión a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Con el agravante para Peña, de que el caso Atenco no ha sido un caso aislado, desde 2006 cuando comenzó la “guerra contra el narco” organizada por el entonces presidente Felipe Calderón, distintos cuerpos de seguridad locales, estatales y federales han sido acusados de violaciones graves a los derechos humanos.

Durante la actual presidencia de Enrique Peña Nieto han sido notorios casos de ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército en Tlatlaya y de la policía federal en Tanhuato y Apatzingan en Michoacán.

También los vínculos entre policías locales, estatales y federales, con la delincuencia organizada en el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014. En donde también se ha ido documentando la participación del ejército en la coordinación de ese operativo.

De igual manera se ha documentado el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía federal y la gendarmería contra manifestaciones del poblado de Nochixtlán en Oaxaca, durante una protesta de maestros en junio pasado.

Ahora que el caso Atenco pasa a la jurisdicción de la Corte Interamericana, se ha recordado que ese fue el primer asunto en el que Enrique Peña se vio involucrado como gobernante en una violación a los derechos humanos. Pero los casos acumulados durante su mandato como presidente de la República lo pueden ubicar como presunto violador sistemático de los derechos humanos.

Por ello el caso Atenco se puede encadenar a los de Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingan, Nochistlán y, por supuesto, a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala.

Mayor relevancia cobra la crisis de derechos humanos del gobierno de Peña, cuando se anuncia que Vladimiro Montesinos en Perú acaba de ser condenado a 22 años de prisión, por el delito de desaparición forzada de

un profesor y dos estudiantes universitarios en 1993, durante la dictadura de Alberto Fujimori. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben.

Atenco resulta apenas la “punta del icerber” en materia de violación a los derechos humanos, que hasta hoy se han realizado durante la “guerra” declarada por Felipe Calderón en diciembre de 2006 y continuada por Enrique Peña.

Los más interesados en mantener el status quo en el país son Calderón y Peña. Ha de ser por eso que desde 2006 vienen haciendo sus pactos secretos para irse alternando en el poder. Pero si las cosas cambiaran, tal vez, en primer lugar, perderían el sueño.

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