GRAVE RECORTE PRESUPUESTAL PARA SEGURIDAD PUBLICA EL PROXIMO AÑO

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·        Diputados solicitarán a funcionarios de Segob, explicar reducciones

·        Recursos para prevención del delito aparecen en cero, cuando se le destinaban 2 mil 100 millones de pesos

Nezahualcóyotl, estado de México a 21 de septiembre del 2016.- La Comisión de Seguridad Pública solicitará al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) que funcionarios del ramo expliquen la reducción que presenta el Proyecto de Presupuesto 2017 en la materia, ya que los recursos disminuyen 16 por ciento respecto a 2016, indicó el presidente de esta instancia legislativa, diputado Jorge Ramos Hernández.

 

En reunión ordinaria, el legislador panista dijo que la intención es que aclaren lo que “a simple vista parece absurdo e injustificable como desaparecer el capítulo de prevención del delito en el presupuesto.  Me parece un atentado terrible a la lógica mundial de un sistema serio y responsable en seguridad”.

La prevención del delito aparece en cero, cuando contemplaba 2 mil 100 millones de pesos al año para ejercer por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como organismos de la sociedad civil.

Mencionó que otros recortes no del ramo de seguridad pública, pero que impactan en la protección de los ciudadanos, es la disminución presupuestal a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República en el capítulo correspondiente a la estrategia nacional.

Se trata de recortes que rebasan los 11 mil millones de pesos, que superan lo que se destinaba al Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (Subsemun), explicó.

Mencionó que existe una “gran conmoción” en los ayuntamientos del país, ya que son los más afectados, al ser “el mayor recorte en los últimos 25 años en materia presupuestal que tiene que ver con recursos para equipamiento, armamento y patrullas”, enfatizó.

Ramos Hernández informó que esta semana enviará la solicitud al secretario de Segob, para conocer la justificación del gobierno federal al respecto, y “no hacer posicionamientos de oportunismo político sino estar realmente informados. A partir de esta explicación tendremos un criterio objetivo y claro para pronunciarnos y entrar al proceso de negociación del presupuesto de egresos”.

La legisladora priísta, Marcela González Salas y Petricioli, coincidió con la propuesta para que los funcionarios expliquen y amplíen la información al respecto, así como “escuchen nuestras inquietudes y preocupaciones. Será un ejercicio republicano y democrático muy importante en el que estamos a favor”.

El diputado Federico Döring Casar (PAN) expresó que otra reunión “obligada” será con Tomás Zerón, nuevo secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, designado por el Ejecutivo federal, a fin de que explique y exponga lo que espera frente a esta responsabilidad.

Por otra parte, la Comisión aprobó un dictamen que reforma el artículo 31 de la ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para facultar a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, a proponer mecanismos para la salud integral y prevención social, como medios de reinserción social.

El documento argumenta que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en sus diversos artículos, contempla como salud integral, la psicológica, psiquiátrica y prevención social. Además, el artículo 1 bis de la Ley General de Salud especifica que en el sentido de salud integral va inmerso el estado completo de bienestar físico, mental y social.

También aprobó otro dictamen que reforma la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, artículo 4, para que se integre en el Registro Nacional información la historia de la violencia de género a las y los extraviados o desaparecidos.

La propuesta resalta que la Red por los Derechos de la infancia en México (REDIM) destacó que de 2012 a 2014 aumentó 255 por ciento el número de adolescentes desaparecidas entre los 15 y 17 años, por lo que contener la historia de violencia de género contribuiría a la búsqueda, localización o ubicación  de la persona extraviada, así como reforzaría el seguimiento a la violencia de género.

El registro nacional es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de concentrar información en una base de datos electrónica, con el objetivo de tener antecedentes que faciliten la localización de personas extraviadas o desaparecidas.

Previamente, el legislador Ramos Hernández anunció que la minuta que comprende la creación de un Mando Único o Mixto Policial será dictaminada en conjunto por la comisión que preside y la de Puntos Constitucionales, por lo que en próximas reuniones presentará una ruta de trabajo para llevar a cabo su análisis.

“Es una reforma importante ya que modifica seis artículos de la Constitución; va más allá de lo que es el mando policial o Mando Único Mixto porque toca varias áreas, por lo que requiere un análisis de mayor profundidad”, declaró.

La reforma se había considerado sólo de opinión para la Comisión de Seguridad Pública; sin embargo, la Junta Directiva de esta instancia firmó un acuerdo para solicitarle a la Junta de Coordinación Política se integre a la misma como dictaminadora por su naturaleza, relevancia y especialización.

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